La Corte Suprema debe llamar a una audiencia pública sobre el tarifazo - Perfil

Salió nota que escribimos la semana pasada en el contexto del cacerolazo por el tarifazo. Nos concentramos en comentar las cuatro reuniones secretas entre la Corte y el Ejecutivo, comentadas por Santiago Fioriti en Clarín acá, para señalar las contradicciones entre la idea de transparencia e igualdad ante la ley que son básicas desde que los tiempos son tiempos. No hay que llegar tan lejos de mentir descaradamente vinculando democracia deliberativa y Corte Suprema. Los jueces se hacen los deliberativos por razones estratégicas de la misma forma que los políticos, académicos, periodistas adoptan posturas por razones estratégicas, rara vez por tener un compromiso real con valores y con su práctica. Los acción pública con arreglo a valores publicitados con fines estratégicos abren puertas diría Max Weber. Una vez que están adentro de ciertos espacios, son descartados. Los valores y principios son instrumentos accesorios, ni datos duros ni prácticas. Evaluar prácticas sobre discursos, resultados sobre intenciones es algo que en el día a día nos debemos.

algunos quieren el bronce, otros la plata - San Telmo 2011

La publicamos en Perfil, acá. Salud!

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La Corte Suprema debe llamar a una audiencia pública sobre el Tarifazo

Los eventos permitirán analizar las razones del gobierno y los reparos de los consumidores afectados mediante un debate colectivo y argumentado.

1. Más audiencias públicas, menos reuniones secretas: El caso sobre el polémico "Tarifazo" llegó hace unos días a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal, ya en su nueva composición, tendrá la oportunidad de decidir -después de la feria judicial- sobre las subas de hasta un 400 por ciento del servicio público de Gas.

La semana pasada, hubo reuniones entre Macri y el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Los encuentros entre ambos pueden recordar los diálogos telefónicos o reuniones entre miembros del Gobierno anterior con el propio Lorenzetti, como denunciara en su momento Elisa Carrió. Tras esos contactos, el máximo tribunal logró retener la administración de todo el presupuesto del Poder Judicial, según acusó la legisladora de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago; en contra de lo que manda la Constitución Nacional (CN Art 114 inciso 3), que confiere esa facultad al Consejo de la Magistratura.

Para aquellos que piensan en el Poder Judicial puede ser "Independiente" (sic) es imposible ver la práctica de mantener reuniones secretas como una forma de respetar la "imparcialidad" del Presidente de la Corte frente al conflicto entre el Gobierno y los consumidores de servicios públicos. La igualdad ante la ley está en juego en esas prácticas. Varias garantías y principios del debido proceso se violan cuando en un juicio escrito, bilateral, contradictorio y público, existen reuniones secretas entre una de las partes (el gobierno) y uno de los jueces que decidirán ese caso.

Discreta reunión entre Macri y Lorenzetti por la judicialización del tarifazo

Las reuniones secretas, las visitas de operadores y contactos telefónicos -o por Whatsapp- entre jueces, abogados, empresarios y políticos son muy comunes en la vida judicial y política. Sin embargo, hay varios problemas éticos e institucionales, de política democrática, especialmente para aquellos que se suelen identificar como republicanos y respetuosos de la "independencia judicial". Las reuniones secretas son todo lo contrario a la república democrática y a la transparencia. La falta de transparencia y las prácticas ocultas y opacas caracterizan al Poder Judicial.

En contraste, la Justicia y la democracia como valor político tienen que ver con un diálogo más inclusivo. En el caso del "Tarifazo", una decisión más justa podría surgir de un proceso en el que haya más audiencias públicas con todas las voces, especialmente con las voces de los consumidores, opositores y afectados más vulnerables, y menos reuniones secretas a espalda del pueblo.

El tarifazo golpea a Macri pero aún no tiene impacto en las encuestas

2. La audiencia pública y la decisión de la Corte: Las audiencias públicas y la participación de los amicus curiae (amigos del tribunal) en la Corte fueron una de las prácticas innovadoras que permitieron generar algunas, pocas pero buenas, discusiones públicas. Bien estructurada y aprovechada inteligentemente es una instancia que enriquece el debate y aumenta la calidad democrática. Es un espacio público, más transparente y apropiado para el diálogo razonado. Todo lo contrario a una reunión secreta propia del lobby o negocios privados. Las audiencias producen argumentación pública y razones para las políticas públicas previas a que la Corte decida.

La Corte podrá tomar las razones del resultado de la deliberación pública, o decidir estratégicamente de acuerdo a lo que le convenga a sí misma, y a sus miembros. Sin embargo, lo más importante -con las instituciones imperfectas que tenemos- es darle al debate público las mejores razones para fundamentar o criticar la decisión del gobierno, o invitar a repensarla en términos globales o específicas. En este contexto, las medidas justificadas por el Gobierno y su equipo, llevarían al Ministro Juan José Aranguren a fundamentarlas públicamente y, a todos los críticos interesados en la revisión de dichas medidas, a dar las razones para cambiarlas frente a la opinión pública.

La audiencia pública es una buena instancia para discutir entre todos/as y dar razones sobre una medida que, en muchos casos, parece haber sido tomada sin medir las consecuencias directas sobre los sectores más vulnerables, las clases medias y las pequeñas empresas familiares, en definitiva, decisiones tomadas con insensibilidad social evidente y sin proyectar las daños que causan en una economía que debe salir de la recesión. 

(*) Profesor de "Derecho Constitucional" y "Estudios Críticos del Derecho" en la UBA. | Twitter: @lucasarrimada

Convocatoria "Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition" - UBA

derechos humanos matters - Brooklyn 2016

Difundimos la convocatoria para la competencia de derechos humanos Nelson Mandela. Salud!

Convocatoria para seleccionar al equipo que representará a la UBA en la Edición 2017 de la “Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition”

La Facultad de Derecho convoca a sus estudiantes de Abogacía interesados en integrar el equipo que representará a la Universidad de Buenos Aires en la próxima edición de la “Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition”, organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica), cuyas rondas internacionales se realizarán en julio de 2017 en Ginebra, Suiza, a participar del proceso de selección correspondiente.

Requisitos:

Ser alumno/a regular de la Carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho.

Tener aprobadas las materias ‘Derechos Humanos y Garantías’ y ‘Elementos de Derecho Internacional Público’ para el mes de diciembre de 2016 (excluyente).

Poseer buen manejo oral y escrito del idioma inglés.

Reuniones Informativas:

A todos/as aquellos/as interesados/as que cumplan con los requisitos mencionados, se los invita a alguna de las reuniones informativas previstas, que se dictarán en conjunto con las del Concurso Interamericano de Derechos Humanos:

Jueves 18 de agosto – 18:30 hs. – Aula 1 de Extensión.

Viernes 19 de agosto – 18:30 hs. – Aula 1 de Extensión.

Martes 23 de agosto – 11:30 hs. – Aula 1 de Extensión.

Miércoles 24 de agosto – 17 hs. – Aula 1 de Extensión.

Jueves 25 de agosto – 11:30 hs. – Aula 1 de Extensión.

Lunes 29 de agosto – 20:00 hs. – Aula 217.

Pre-inscripción: podrán pre-inscribirse para recibir información y efectuar consultas enviando un e-mail a competenciasddhh@gmail.com.

Taller preparatorio: Se llevará a cabo un taller de formación –no obligatorio, pero recomendado– que tendrá lugar los días 31/8, 7/9 y 14/9,en conjunto con los del Concurso Interamericano de Derechos Humanos. Allí se estudiarán temas básicos de derechos humanos y se analizarán herramientas para la redacción de memoriales escritos y la preparación de un alegato oral ante un tribunal.

Inscripción y Participación: la inscripción será automática con la entrega de un memorial, en ingles, sobre uno de los temas de un caso hipotético a fines de noviembre de este año en la Dirección de Relaciones Internacionales (Planta Principal, dentro de Bedelía de Grado). El caso hipotético será enviado oportunamente vía e-mail y/o podrá ser solicitado en la Dirección de Relaciones Internacionales. Asimismo se solicitará la presentación de:

- Un curriculum vitae completo (en español).

- El certificado analítico de materias impreso recientemente del Centro de Consulta Personal del Sitio Web de la Facultad, firmado por el/la estudiante.

Posteriormente, se realizarán entrevistas con los/as inscriptos/as en un día y horario que será oportunamente informado a quienes formalicen su inscripción, en la cual deberán proceder a la defensa legal de su caso (en inglés).

Información adicional: Los interesados/as pueden obtener mayor información contactándose con la Dirección de Relaciones Internacionales. 

Planta Principal, Tel.: 4809-5698, correo electrónico internacionales@derecho.uba.ar o bien a competenciasddhh@gmail.com.

El futuro de la Corte Suprema y del Poder Judicial - El Economista

Respondí algunas preguntas sobre el futuro de la Corte Suprema y del Poder Judicial en el nuevo gobierno. Comenté aspectos clásicos y algunos que suelen pasar desapercibidos. Por ejemplo, pensar las cuestiones estructurales, si quieren fácticas o materiales, más allá de las reformas legales y promesas distantes en la letra de la ley. Pensar espacios físicos y prácticas concretas, más allá de las leyes y discursos retóricos del porvenir judicial. Principalmente, me interesa la cuestión de los presupuestos judiciales pensados eficientemente. Edificios enteros alquilados son una muestra de la debilidad inherente del poder judicial y, sobre todo, un desperdicio de recursos increíble en un contexto de restricción económica. Quizás sea un señal de algo más. Por lo menos son una muestra de una debilidad estructural y de falta de recursos básicos.

los horizontes como instituciones sociales perfectas - Buenos Aires 2016

Transcribimos las respuestas. Gracias Néstor y el equipo de El Economista por la invitación.  La nota acá. Salud!

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“Sería un gran avance que, en su nueva composición, la Corte vuelva ser una institución que hable por sus fallos”. El que esto dice es Lucas Arrimada, profesor de derecho constitucional de la UBA, quien sostiene que el tribunal es poco representativa de la complejidad actual de la Argentina. Además señala que, a partir de la incorporación ya concretada de Horacio Rosatti y por concretarse de Carlos Rosenkrantz, la Corte debe reducir el carácter personalista de la presidencia de la Corte, a cargo de Ricardo Lorenzetti.

Lucas Arrimada, Profesor de derecho constitucional de la UBA. En esta entrevista con El Economista, Arrimada también se refiere a los proyectos para modificar el número de integrantes del tribunal. “La amplicación puede ser una pésima idea si se hace para licuar el poder de la Corte y reducir su incidencia institucional. La ampliación puede ser una excelente idea si vamos hacia un modelo de Corte moderna y más  ámplia que sea sensible a los tiempos actuales, a los cambios en la sociedad”, sostiene.

¿Qué caracterización hace de la nueva conformación de la Corte?

Es una Corte conforme a la Ley. Después de dos años de una muy irregular situación de composición incompleta, con una o dos vacantes, y con procesos de dudosa constitucionalidad para la rereelección de su presidente y para la designación por decreto de los nuevos jueces. Resulta algo positivo que se haya revisado esa primera evidente inconstitucionalidad del nuevo Gobierno y se haya implementado el proceso del Decreto 222/03. La diversidad política y religiosa es importante y se celebra en una Corte que siempre ha tenido problemas en respetar el Estado Laico y la igualdad de culto. Todavía hay algunos desequilibrios de género y de composición federal. Toda reforma tomará tiempo y acuerdos transversales en un escenario dividido. Sería un gran avance que, en su nueva composición, la Corte vuelva ser una institución que hable por sus fallos, que la Corte hable con una voz formando algunos consensos internos, que sus jueces reduzcan los personalismos y que se autolimiten a llegar a acuerdos entre ellas/os para votar en una dirección y no den cinco diferentes fundamentos/votos sobre la misma decisión, en definitiva, que operen como un cuerpo colectivo, como una orquesta, y no como solistas buscando el flash de la cámara.

¿Se pueden esperar novedades doctrinarias o cambios de criterio en los fallos futuros?

La Corte kirchnerista de Lorenzetti tuvo sus contradicciones en estos casi once años. No olvidemos el interregno de Enrique Petracchi, en la transición 2003-2005. En ese tiempo tuvo claras inconsistencias y promesas incumplidas. Muchos de los cambios de criterio se dieron en la etapa anterior. Fallos que restringen la libertad de expresión como Acevedo, que permitieron acuerdos secretos con corporaciones extranjeras como el fallo Chevron, que restringieron las garantías constitucionales como García Méndez y la pasiva conveniencia ante la inconstitucional reducción del Consejo de la Magistratura en 2006, entre otros que vinieron a contradecir una jurisprudencia más pomposa y retórica de los inicios de la propia Corte (Cárceles-Riachuelo). En los últimos dos años, entre silencios, inercias y fallos sesgados, el giro conservador más fuerte ya se produjo. Veremos si se profundiza o modera. En esta nueva conformación, se debe reducir el carácter personalista de la presidencia de la Corte. La Corte y sus defensores hablan de democracia deliberativa y de repúblicanismo en una Corte caracterizada por el personalismo y proyección política de su presidente. Más que el presidente de la Corte parece un político en campaña, lo que se ve claramente en el Centro de Información Judicial. La confusión entre partido y gobierno (las publicidades naranjas, amarillas, etcétera) se reproducen como las observamos en el kirchnerismo y macrismo en la cabeza del poder judicial. Salvo que en esta situación estamos hablando de una persona sin un partido político que es presidente de la Corte.

¿Se debe ampliar el número de miembros de la Corte? Hay varios proyectos al respecto. ¿Cuál es su opinión?

La Justicia es un diálogo y para que ese diálogo sea representativo, sea real, tiene que ser inclusivo, público y transparente. Todo lo que la Corte no es. Más allá de la buena voluntad y de la calidad personal y/o académica de sus miembros, la Corte es poco representativa de la complejidad de la Argentina en nuestros días. Cinco miembros, 44 millones de argentinos. En estos últimos años, la Corte no realizó más de una o dos audiencias públicas para intentar generar ese diálogo asimétrico. La Constitución permite la ampliación de la Corte. La amplicación puede ser una pésima idea si se hace para licuar el poder de la Corte y reducir su incidencia institucional. La ampliación puede ser una excelente idea si vamos hacia un modelo de Corte moderna y más ámplia que sea sensible a los tiempos actuales, a los cambios en la sociedad. Me siento inclinado por una estructura judicial más compleja como la establecida por la Constitución Alemana de 1949 en Bonn, por mencionar un ejemplo que conozco, que ha demostrado ser descentralizada, sin personalismos, de trabajo colectivo y transparente. El derecho constitucional comparado nos da muchas opciones para actualizar el sistema judicial a nuestro contexto democrático y reformar sus anacronismos.

¿Qué puede cambiar, más allá de la Corte en sí? ¿Qué puede esperarse de la Justicia en este contexto?

Por ahora soy escéptico de que vengan cambios estructurales en el Poder Judicial. Especialmente, en los lugares sensibles como la Justicia Federal donde la estrategia es claramente la inercia, la auditoría cosmética o la autodepuración. No hay transformaciones sin acuerdos transversales de largo plazo y sin recursos. Por un lado, el Poder Judicial necesita reformas de alta magnitud, recursos e infraestructura, un plan de largo plazo con cambios que deberían comenzar en la Facultades de Derecho y en la misma política judicial. Por otro lado, el Gobierno está muy concentrado en el corto plazo. Por ejemplo, veo muchos desafíos en la transferencia de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma. Los recursos importan y son malgastados. Muchos de los edificios de ambas jurisdicciones son alquilados. No podemos hablar de grandes cambios, de fondo y de forma, en el Poder Judicial si sus edificios se alquilan y hay una fuga de recursos hacia alquileres. Obviamente, sólo van seis meses pero este es justamente el momento hacer para una carta de navegación. A pesar de eso, no veo un plan integral de largo plazo de un Poder Judicial para la democracia.

La cuestión del no pago del impuesto a las ganancias resulta un privilegio para los jueces. Algunos integrantes de la Corte han señalado la necesidad de rever la cuestión. ¿Cree que puede haber cambios en ese sentido?

Existe una Ley, la 24.631 del Congreso Nacional de marzo de 1996, que obliga a pagar impuestos a los Jueces. Hay una Acordada (20/1996) que eximió a los jueces de pagar ese impuestos. Una acordada no puede derogar una Ley. Incluso si hubiese sido una sentencia de la Corte Suprema declarando inconstitucional esa Ley. Las sentencias tienen efectos sólo para las partes. La Ley que obliga a pagar impuesto a las ganancias a los jueces es constitucional y sigue vigente. La responsabilidad política cae sobre el agente de retención: la administración de la Corte Suprema y las autoridades de la AFIP. En los tiempos del kirchnerismo el acuerdo tácito fue no retener y no impulsar el cobro. Hay varias continuidades entre Julio Nazareno y Lorenzetti como presidentes de la Corte Suprema. La inercia con el impuesto a las ganancias es una de ellas. Hay que ver retóricas y prácticas. Las prácticas nos dicen que no hubo real intención de cobrarlo. En términos legales, no hay ninguna discusión. Si hay voluntad política, el derecho y los recursos están hace tiempo. En la Justicia de la Capital Federal y de la Ciudad de Buenos Aires no hay excusas. Los escenarios de las justicias provinciales pueden ser diferentes y deben examinarse sus casos para que la implementación no genere injusticias con funcionarios y empleados. Estamos en el 2016 y los jueces y funcionarios judiciales tienen privilegios impositivos y jubilatorios propios de un régimen antidemocrático y aristocrático anterior a 1810/1816 contradiciendo la igualdad ante la Ley y principios democráticos básicos.