En contra del protocolo de protesta: Criminalización y censura - La Izquierda Diario

Publicamos esta nota contra la propuesta de regular el derecho constitucional a la protesta con un llamado "protocolo de protesta". Salió en La Izquierda Diario, acá. 

Muchos de los que hoy impulsan un protocolo para protestar ayer protestaron sin límites ni procedimientos o regulaciones sospechosas. Esa contradicción histórica y pragmática no pasa desapercibida en el cambio de ontexto. Ayer, muchos de ellos, criticaban los intentos de regular la protesta. Hoy los justifican y comentan moderadamente.

en una iglesia de NY - NY 2015

Otros ven con mejores ojos que la protesta la regule el macrismo que el kirchnerismo (porque este o aquel eran/son más peligroso). Justamente, la idea es que regularlo es peligroso. Como la ley antiterrorista siempre fue una pésima idea, innecesaria, obsecuente al extremo. Sea el macrismo, el kirchnerismo o el gandhismo. Regular la protesta es abrir un camino de desnaturalización y formalización de esa herramienta social

En el marco de despidos, persecusiones, puja distributiva, problemas de violencia institucional, represión a menores, decretos excesivos, beneficios impositivos e industriales para las corporaciones y monopsonios amigos es vital defender el derecho a la protesta como herramienta de acción democrática y expresión cultural.

Como siempre, sigamos y salud.

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Los peligros de regular la protesta: Entre la criminalización y la censura

 Por Lucas Arrimada *

1. Los peligros de regular la protesta. El gobierno nacional anunció su intención de regular el derecho constitucional a la protesta. Hay razones legales, políticas y culturales para criticar esa propuesta y recordar que la mayoría de los proyectos que intentaron regular la protesta siempre fueron inconstitucionales y abiertamente antidemocráticos (como lo analizamos acá y acá ante los anuncios del ex-Secretario de Seguridad, Sergio Berni).

Protestar es un derecho. Reprimir una protesta pacífica es un delito. Todas las reglamentaciones legales son ambiguas y vagas, por ende, se pueden interpretar discrecionalmente. Un protocolo de protesta sería un arma muy peligrosa para que toda protesta social pacífica se transforme en una protesta "ilegal", por ende, criminalizable y así justificar el uso de la violencia estatal en contra de cualquier manifestación social.

Un protocolo de la protesta puede abrir la posibilidad que todos los jóvenes, mujeres y pobres sean fácilmente criminalizados por pedir un boleto estudiantil, reclamar por sus derechos sociales, ejercer el derecho a huelga o su libertad de expresión, apoyar el matrimonio igualitario y hasta por manifestarse contra la violencia de género como en el #NiUnaMenos.

Las históricas manifestaciones contra la inseguridad, por la misteriosa muerte del Fiscal Nisman o las numerosas marchas opositoras contra del Kirchnerismo fueron ejercicios legales y legítimos del mismo derecho constitucional a la protesta que hoy se proyecta limitar.

Regular la protesta invita a arbitrariedades legislativas y a discrecionalidades judiciales. La protesta es un derecho ejercido por los opositores en todo el mundo. Limitar un derecho constitucional tan vital para la historia democrática Argentina es un gravísimo error político que sin duda tiene rasgos autoritarios.

Regular la protesta puede estar dirigido a legitimar y crear excepciones reglamentarias para justificar la recurrente violencia policial en manifestaciones y protestas pacíficas. El derecho a la protesta no debe ni puede regularse.

2. Regular la protesta es censurar voces. Es criminalizar al que disiente y significa menos libertad de expresión. Desconocer que nuestros derechos no son "naturales" sino producto de la construcción política es resultado de la falta de educación colectiva e individual en nuestros derechos fundamentales.

Ser ignorante es desconocer que tus derechos se los debés a generaciones que lucharon para que vos los tengas, disfrutes y expandas. La forma de expansión y construcción social de los derechos siempre fue y sigue siendo el derecho a la protesta.

El derecho a la protesta pierde fuerza y capacidad de comunicación al ser regulado, indiferentemente el gobierno que lo proponga.  El derecho a la protesta un derecho para abrir una instancia de diálogo, no para abrir una instancia penal o una amenaza represiva.  Esa propuesta no es democrática ni republicana. La regulación del derecho a la protesta silencia voces y tiene tintes autoritarios. Regular la protesta es silenciar ese diálogo posible y abrir una instancia de más violencia y represión.

Regular la protesta invita a generar más violencia social. Es legitimar el uso de la fuerza contra la gente que protesta pacíficamente, ejerciendo su derecho constitucional a peticionar a las autoridades (Art 14 CN) o a expresarse (Art. 14, 32, 75 inc 22 y Tratados de DDHH).

Indiferentemente el gobierno, toda regulación de la protesta puede silenciar voces disidentes, acallar reclamos que deben ser escuchados, necesidades que tienen derechos sociales reconocidos en la Constitución Nacional que las autoridades deben cumplir, todo en ejercicio de una facultad constitucional legitimada por toda la sociedad. 

En conclusión, el peligro es neutralizar el derecho que nos permite a todos defender nuestros derechos, expandir las libertades y mejorar la democracia. 

* Lucas Arrimada es Profesor de "Derecho  Constitucional" y "Estudios Críticos del Derecho" (UBA).