 |
| el cisne negro y la independencia imposible - Misiones 2010 |
Transcribo la versión larga. Estoy muy poco sumiso con los máximos en las notas. Mala mía. Salud!
Los jueces como guardianes de la
democracia: ¿Posibilidad constitucional o placebo institucional?
1. Los jueces ¿pueden ser
guardianes de la democracia?
Dos jueces deciden anular una elección. Los sectores políticos beneficiados por el fallo festejan. Los sectores políticos perjudicados se indignan y hablan de la intervención del poder judicial (sic). Se apela la decisión y una dudosa Corte Suprema Provincial revoca la decisión. Los sectores perjudicados hablan de falta de independencia judicial antes y después. Cada sector, a su manera, pone en duda la imparcialidad del árbitro institucional.
Dos jueces deciden anular una elección. Los sectores políticos beneficiados por el fallo festejan. Los sectores políticos perjudicados se indignan y hablan de la intervención del poder judicial (sic). Se apela la decisión y una dudosa Corte Suprema Provincial revoca la decisión. Los sectores perjudicados hablan de falta de independencia judicial antes y después. Cada sector, a su manera, pone en duda la imparcialidad del árbitro institucional.
Uno de los principios más citados
de los sistemas políticos contemporáneos suele ser la independencia judicial.
Ese principio, siempre citado, muy pocas veces tiene su mecanismo de
consolidación explicado. Su uso es recurrente aunque los misterios sobre cómo
funciona se encuentran usualmente ausentes.
En la actualidad se debate cómo
el diseño del Consejo de la Magistratura nacional (Art. 114 CN) actual o futuro
puede producir un aumento/reducción de la independencia judicial en general y
de los jueces en especial.
La Constitución Nacional no da
pautas institucionales para la independencia judicial. Sus silencios y
omisiones contribuyen a los malentendidos y al déficit institucional funcional
de todo el sistema judicial y de controles institucionales
En este contexto, hay dos preguntas que cabe formularse. Por un lado ¿Es el proceso de selección del consejo de la magistratura un proceso que genere independencia judicial? Por el otro lado, una vez en el ejercicio de la magistratura ¿Qué mecanismos institucionales o para-institucionales mantienen esa independencia frente a las corporaciones económicas, políticos y otros factores de poder?
2. ¿Cómo se elige una Juez/a en
Argentina?
Pensemos, por un momento, en el proceso de selección de jueces. ¿Puede el sistema de concursos del Consejo de la Magistratura -en cualquier de sus composiciones- generar independencia del poder político, económico, etc?
Pensemos, por un momento, en el proceso de selección de jueces. ¿Puede el sistema de concursos del Consejo de la Magistratura -en cualquier de sus composiciones- generar independencia del poder político, económico, etc?
Proyectemos los pasos claves del
proceso. Como sabemos, los candidatos/as a jueces/zas se anotan en un concurso
público para cubrir vacantes judiciales. Los pasos son -resumidamente- los
siguientes:
A. Antecedentes y examen. Los
candidatos presentan sus antecedentes y dan un examen, ambos pasan a comisiones
evaluadoras (supuestamente imparciales). Este proceso tiene discrecionalidad en
la evaluación de antecedentes y en el manejo de la información sobre el examen
y su corrección posterior. Son comunes las impugnaciones administrativas y
judiciales. La calificación de los antecedentes y del examen consolidan un
primer listado de los candidatos a cubrir el puesto.
B. Posteriormente, se realiza una
entrevista con el pleno del Consejo de la Magistratura que puede/suele modificar
ese listado jerárquico de la etapa previa -lo más cercano a una etapa
meritocrática con un margen de discrecionalidad política en la valoración
técnica- con lo que podemos llamar “margen de apreciación” de la mayoría del
Consejo. Ese cambio puede ser vital y es estrictamente político. Resultado de
las coaliciones contingentes entre los sectores políticos, judiciales, de la
corporación de abogados y académicas. De esta entrevista en el pleno del
Consejo saldrán los tres candidatos finales.
C. El poder ejecutivo debe elegir
de esa terna sin orden ni jerarquía alguna. Los procesos de discrecionalidad en
la evaluación, negociación política antes y después de la entrevista pública y
un racionalmente esperable lobby en los despachos de los consejeros para presionar
en la introducción de la terna, termina en un proceso puramente político.
Con la terna elevada al
ejecutivo, los candidatos deben “esperar” la decisión del Ejecutivo para luego
conseguir el Acuerdo en el Senado. Este período no es de pasividad. Suelen haber procesos de
intenso lobby con operadores políticos y/o judiciales en los poderes ejecutivos
(ya sean ejecutivos nacionales y/o provinciales). ¿Podemos esperar que producto
esas reuniones secretas sin ningún tipo de control republicano surja independencia
judicial o prosperen promesas y intercambios estratégicos? ¿Podemos esperar que
no haya promesas y negociación de
cierto grado de obediencia futura para actores políticos y del sector
operativo?
A partir de la oscura negociación
secreta y carencia absoluta de accountability horizontal, vertical y/o social alguno, no puede surgir la esperada
independencia institucional.
3. Las esferas de la "Justicia". Una de las frecuentes respuestas al problema de la designación política suele
formularse así: “El tiempo es el que aumenta la esfera independencia de los jueces”.
Típicamente un juez podría ser más independiente en el futuro que en los
tiempos del gobierno que lo designó.
Sin embargo, los jueces tienen
restricciones para ser independientes de sus propios superiores, de la
corporación judicial y de posibles amenazas a su estabilidad en el cargo. Las
amenazas de un juicio político pueden ser usado estratégicamente para obtener
obediencia puntual y/o relación fluida en el tiempo. El gobierno puede cambiar
pero ciertos actores institucionales, partidarios y económicos tener
continuidad e incluso aumentar su capacidad de presión/influencia/amenaza.
Por otro lado, la independencia
institucional se suele reducir a la (imposible) autonomía del poder político.
Sin embargo, el poder político es solamente uno de las numerosas corporaciones
(judiciales, profesionales, económicas, sindicales, religiosas, etc) con
capacidad de influencia y/o condicionamiento. Hay agencias que pueden ser
dependientes de los sectores económicos, pueden depender de factores
extra-institucionales vinculadas a su área operativa en su espacio de
desarrollo y hasta de actores para-legales (narcotráfico, etc).
4. Incertidumbre constitucional y
dependencia judicial. La independencia judicial, y quizás la misma
independencia institucional, es una laguna legal como un vacío textual que se
rellena de política en la Constitución Nacional. La independencia de otros
órganos y espacios también entran en crisis con la imposibilidad de consolidar su
energía autónomamente. Organismos independientes debilitados y sin su
conducción correspondiente como el propio Defensor del Pueblo de la Nación
(Art. 86) generan más preguntas que respuestas en torno al proceso político de
producción de independencia institucional y/o judicial.
La independencia judicial no
puede ser resultado del azar y de la ausencia de factores de influencia. Es
cínico no reconocer la debilidad institucional producida por esa laguna
constitucional.
El hiperpresidencialismo y la democracia
delegativa fueron consolidados en la última convención constituyente nacional.
La expansión de los controles institucionales al poder político y económico fue
otro de los grandes fracasos del Pacto de Olivos. La fortaleza del
hiper-presidencialismo argentino es inversamente proporcional a los defectos de
diseño institucional que se consolidaron en la reforma constitucional de 1994.-
Entradas
_01.jpg)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario