viernes, 30 de octubre de 2015

"La gente no sabe votar" y otras frases antidemocráticas - Perfil


Algunas breves líneas pensando en los resultados de las elecciones y señalando alguno de los defectos hoy evidentes de nuestra cultura política. En contraste, cabe reconocer, hay un dato realmente positivo: No hubo denuncias de fraude sistemático y se sepultaron, por buenas o malas razones ya veremos, las denuncias mediáticas de clientelismo electoral como argumento (sic) para justificar la anulación de elecciones sin pruebas ni fundamentos.

Lo que también se confirma una vez más: En Argentina nunca pero nunca nos vamos a aburrir. Más allá del ajuste que viene sorpresas siempre tendremos. Se publicó en Perfil acá y las transcribimos a continuación. Salud!


sal en las heridas de la república argentina - Purmamarca 2015

“La gente no sabe votar” y otras frases antidemocráticas

La democracia va mucho más allá del voto, sin embargo, cada elección es un proceso de educación social y aprendizaje colectivo.

Lucas Arrimada (*)

1. No subestimar a la sociedad. La política democrática requiere entender a la sociedad, pensarla como un interrogante abierto, no subestimarla con desprecio. Acercarse a la sociedad, al mensaje del domingo, desde la indignación y superioridad moral es realmente alejarse de ella.

Hasta hace semanas, algunos de los que triunfaron el pasado domingo desconfiaban de la libertad de los votantes, denunciaban el clientelismo político que practican abiertamente, alegaban potenciales irregularidades, solicitaban voto calificado estigmatizando la pobreza y celebraban que jueces anularan elecciones sin pruebas ni fundamentos de fraude sistemático. Sin embargo, con el triunfo todo esto desapareció.

Hace unos días, algunos de los que perdieron empezaron a repetir frases similares. Desconfiando de la racionalidad del electorado, despreciando a personas por sus decisiones electorales, sin asumir errores propios, desconociendo virtudes ajenas, ante un resultado que les quitó las certezas pero no la soberbia.

Ambos sectores, de una u otra forma, subestimaron a la sociedad y desconfiaron de la capacidad intelectual del pueblo cuya confianza debían y deben ganar. Ni las clases bajas votan pensando en los planes sociales ni las clases medias votan lo que dictan ciertos medios. El determinismo electoral no existe.

Los resultados harán olvidar todo lo dicho sobre el clientelismo electoral, las irregularidades en la elección y los jueces anulando elecciones. No porque hayan desaparecido esas prácticas sino porque el objetivo era desacreditar un triunfo ajeno, sedar una derrota propia y seguir con el juego de fricciones autodestructivas que paga la sociedad, no la clase política.

Sea cual fuere el resultado del ballotage habrá un gobierno divido, territorial e institucionalmente. Las dos principales fuerzas políticas podrán optar entre el choque constante o la construcción de puentes de gobernabilidad en un contexto de una nueva economía.

2. Repensar el sistema democrático y el voto. La incomunicación entre representantes y representados es una característica propia del sistema político. Todos los jugadores, algunos más, otros menos, abusan de los vicios electorales, en lugar de generar consensos para mejorar las reglas de juego democrático.

En la democracia delegativa que vivimos los políticos ganan elecciones, la sociedad tiene complejas expectativas de cambio, el voto no puede comunicar esas expectativas y esos cambios dependen de políticos que son totalmente autónomos a la voluntad  de sus votantes. No hay capacidad de controlar lo votado después de cada elección. Salvo cuando ya es muy tarde: En la próxima elección, al final del gobierno. El voto castigo es una autopsia, no un cambio real. Se vota pensando en el pasado, no proyectando un futuro.

Para que esas ilusiones electorales no se transformen rápidamente en decepciones del mañana hay que profundizar la democracia mucho más allá del voto e imaginar nuevos puentes institucionales entre sociedad y gobierno, pueblo y sistema político, expectativas y posibilidades.

(*) Lucas Arrimada (Twitter @lucasarrimada) es Profesor de "Derecho Constitucional" y "Estudios Críticos del Derecho" (UBA/UP).

miércoles, 28 de octubre de 2015

Jorge Dotti en la Facultad de Derecho UBA


Para aquellos interesados en escuchar a alguien que sabe bien de lo que habla cuando habla (y debe ser la segunda vez en diez años que va a la Facultad de Derecho a pesar de ser uno de sus egresados) no se olviden: Jorge Dotti en la Facultad de Derecho hablando sobre Schmitt, constitucionalismo y política en el Siglo XX. El próximo Miércoles a las 18 hs!


Imperdible. Salud!

viernes, 23 de octubre de 2015

Estrategias judiciales del republicanismo antidemocrático - Crisis


Publicamos esta columna en la Revista Crisis sobre lo sucedido en las elecciones de la provincia de Tucumán pensando en lo que ojalá haya sido un episodio aislado/pasado y no un tubo de ensayo, un experimento político,  de lo que puede suceder en la elección presidencial de este domingo, acá. Esperemos. Sigamos y salud!

lo que más valorás es lo más frágil - San Telmo 2011

la casa está en orden / meter las patas en la justicia / pinchazo 

Estrategias judiciales del republicanismo antidemocrático

Durante el proceso  electoral en curso algunos sectores utilizaron los Tribunales como recurso para cuestionar la calidad legal de los comicios. Por el momento estos intentos no han prosperado, pero una mueca sombría se dibuja en el horizonte de posibilidades a futuro. Lejos de la consolidación de un sistema de partidos basado en los consensos, quizás se asome la etapa superior de la bipolarización política.  

Tucumán vivió este año un proceso eleccionario polarizado, con denuncias y serias irregularidades, coronado por una represión de la policía del gobernador Alperovich ante el ejercicio legítimo del derecho de protesta, la detención ilegal durante una semana sin pruebas de varios de los participantes de esa manifestación en su contra, la manipulación mediática a nivel nacional, el juego autodestructivo en el que tanto oficialismo y oposición suelen sumergirse; a todo esto, debimos sumarle una muy irresponsable decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo provincial anulando la elección y convocando a una nueva, sin dar fundamentos ni pruebas de irregularidades generales ni fraude sistemático. 

Esta decisión de la Cámara se firmó el 16 de septiembre, dos horas después de la conferencia del prensa en la que se anunció la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura por el PRO. Es inusual que las decisiones judiciales se tomen a las 19:30 hs de un miércoles. Unos días después la Suprema Corte de Tucumán revocó la decisión de la Cámara. La Corte podría haber eludido en esta oportunidad esa costumbre de dictar sentencias en el opaco "lenguaje judicial". Podría haber llamado a una conferencia de prensa y con un discurso accesible para todos, explicar detalladamente porqué la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo fue arbitraria. Las razones y la publicidad construyen legitimidad. Al gran pueblo tucumano, razones. 

Algunos llaman a respetar la "justicia independiente" cuando les conviene, no importa si las sentencias son un mamarracho. Sin embargo, la mayoría de los jueces tienen dependencias políticas directas o indirectas. Un poder judicial endogámico, repleto de castas familiares y fidelidades políticas, siempre tendrá dificultades para conferir confianza a sus decisiones. Querer resolver conflictos políticos a través de este dudoso poder judicial es potenciar la conflictividad y politizar al poder judicial. A una elección con graves irregularidades, le sucedió un fallo explosivo. 

La historia argentina nos da contraejemplos de muchos políticos e intelectuales que legitimaron el autoritarismo y renunciaron a sus principios republicanos y liberales en nombre de la república y la libertad. Así se llegó a afirmar que "las fuerzas armadas eran las guardianes de la democracia". No hay más guardián de la democracia que el pueblo mismo. La sociedad tiene la última palabra. 

En el caso tucumano hubo varios defectos institucionales que todos bien conocían y utilizaban. Desde el sistema electoral hasta el clientelismo político que los partidos practican en todo el territorio argentino, en sus diversas formas, sus diferentes destinatarios y sus particularidades regionales. Sincerarse sobre esas prácticas y reformarlas debería ser un objetivo institucional de todos. Pero, aunque se trate del peor gobierno provincial, eso no hace menos 
arbitraria la medida judicial que anuló las elecciones. 

Los demócratas no renuncian a la democracia para profundizar la democracia. Abrazar decisiones sin fundamentos, y a los oscuros jueces que las dictan, no es una alternativa a las graves falencias de un gobierno. La democracia es la única vía para profundizar la democracia, para radicalizarla, para sacarla de la inercia y anestesia de las corporaciones que la parasitan. Necesitamos más democracia, no más sentencias arbitrarias que operan como vetos absolutos de un poder no democrático. 

idealizar al árbitro, transformarlo en rey

Judicializar elecciones para debilitar a los gobiernos democráticos puede ser parte de un show mediático, de una estrategia para recalentar el clima electoral y deslegitimar triunfos en un contexto de polarización social. En la misma línea, podemos anotar algunos intentos de manipulación y desinformación sobre cómo se contabilizan el voto en blanco -cuestión legalmente evidente- para intentar forzar ciertos resultados. En los últimos días, según una nota publicada en un tradicional medio, cierto candidato evaluaba esta alternativa para forzar sus chances de segunda vuelta en las elecciones del domingo próximo. 

En la historia argentina, frente a cada golpe de estado, salvo dignas excepciones, los jueces estuvieron del lado del opresor, de la injusticia, de la tortura y de la negación de los derechos. Siempre con su tradición de proteger intereses políticos-económicos concentrados sin distinción de color político. La Corte Suprema no es guardiana de la Constitución ni de la democracia, al manejar el presupuesto de todo el poder judicial contradiciendo claramente el Artículo 114 de la misma. Los jueces no son guardianes de nuestra libertad e igualdad de culto cuando no protegen el principio de 
la educación pública laica. Los jueces son árbitros no guardianes. Los jueces serían guardianes de la democracia si la democracia fuese una cárcel. Pero la democracia es una práctica social, que costó esfuerzo de generaciones de argentinos. Y no cabe en un expediente judicial.

Algunos idealizan a los jueces por la misma razón que idealiza a las personas: no los conocen. El poder judicial es opaco, corrompible, muy sensible al lobby, a la operación oscura.

La democracia está más cerca de los movimientos sociales y partidos políticos, con todos sus defectos, que de oscuros jueces que la sociedad no puede controlar y, tantas veces, ni siquiera entender. La mejor forma de profundizar la democracia es con más democracia, no a través conferir una inexistente garantía democrática final a los jueces. La democracia no puede tener guardianes como los jueces.

El poder judicial y los jueces con compromiso democrático pueden ser claves en la mejora de la democracia, pero nunca deben tener la última palabra para censurar la misma democracia. Los
jueces pueden ser árbitros pero no jugadores que definan el juego y condicionen el final de cada campeonato.

La judicialización de una elección como estrategia política para debilitar la democracia y forzar la debilidad de un gobierno puntual, sea provincial o nacional, es un táctica política demasiado peligrosa. La debilidad de los gobiernos democráticos se pagó caro en la historia argentina. Los que se fortalecen con la debilidad de un gobierno democrático no son la oposición contingente (quizás mañana oficialismo), sino corporaciones y actores con intereses contantes y sonantes que quieren ser parte de la gobernabilidad.

Para sacar a la democracia de su inercia, para impedir la anestesia de moderación republicana, para potenciar sus aspectos más igualitarios, para construirla como herramienta de transformación política, para pensarla como puente hacia más justicia social, para defender el derecho a la protesta frente a la violencia institucional, para eso y muchos más, se requiere profundizar la democracia con más democracia, radicalizarla como forma de vida, como práctica social y cultural. Eso solamente puede suceder, en Tucumán y en toda la Argentina, lejos de las judicaturas, en diálogo con toda la sociedad y siempre cerca del pueblo.

miércoles, 21 de octubre de 2015

Convocatoria a Becas - Facultad de Derecho UBA


la suerte es un ave colectiva - Abasto 2013
La Facultad de Derecho convoca a un concurso para la adjudicación de becas de ayuda económica y de la beca por la igualdad. Se agradece difundir.


Llamado a concurso para la adjudicación de becas de ayuda económica

Becas Alumnos Destacados

Para los alumnos de todas las carreras que se cursan en la Facultad. Se otorgará una asignación mensual durante 12 meses.

Requisitos:

- Tener un promedio igual o superior al requerido para la promoción de las materias sin examen final (6);
Falta de medios para continuar con el ritmo de estudios de la carrera.
- No poseer título de grado
- Se otorgarán 150 becas por estricto orden de mérito. Los alumnos con capacidades diferentes que cumplan los requisitos de promedio y falta de medios reciben beca y no forman parte del Orden de Mérito.


Becas por la Igualdad
Para los alumnos de la Facultad que por diferentes motivos no alcanzan el promedio requerido para calificar al programa de Becas de Alumnos Destacados. La asignación es por 12 meses.

Requisitos:

- Ser alumno/a de alguna de las carreras que se cursan en la Facultad
- Tener un promedio superior a cuatro (4) e inferior a seis (6)
Falta de medios para continuar los estudios
- No poseer título de grado

Se otorgarán 50 becas por estricto orden de mérito.


Inscripción: 13 de octubre al 30 de noviembre de 2015. 

Publicación de resultados: 29 de febrero de 2016.

Período de otorgamiento: marzo de 2016 – febrero de 2017.


--

Informes e inscripción: En la web acá.

Departamento de Becas Planta Baja
Horario de atención: lunes a viernes de 9.00 a 19.30 hs.
Tel.: 4809-5692
E-Mail: becas arroba derecho.uba.ar

jueves, 15 de octubre de 2015

Los jueces como guardianes de la democracia: ¿Posibilidad constitucional o placebo institucional?


el cisne negro y la independencia imposible - Misiones 2010
Jueces como guardianes externos, jueces independientes e imparciales, jueces neutrales y distantes de todo poder e influencia. ¿Existe la independencia judicial? ¿El procedimiento de selección en el Consejo de la Magistratura genera independencia institucional? Intento explorar varios de esos interrogantes y otras dudas que tengo sobre el tema por acá en El Estadista. 

Transcribo la versión larga. Estoy muy poco sumiso con los máximos en las notas. Mala mía. Salud!

--

Los jueces como guardianes de la democracia: ¿Posibilidad constitucional o placebo institucional?

1. Los jueces ¿pueden ser guardianes de la democracia? 

Dos jueces deciden anular una elección. Los sectores políticos beneficiados por el fallo festejan. Los sectores políticos perjudicados se indignan y hablan de la intervención del poder judicial (sic). Se apela la decisión y una dudosa Corte Suprema Provincial revoca la decisión. Los sectores perjudicados hablan de falta de independencia judicial antes y después. Cada sector, a su manera, pone en duda la imparcialidad del árbitro institucional.

Uno de los principios más citados de los sistemas políticos contemporáneos suele ser la independencia judicial. Ese principio, siempre citado, muy pocas veces tiene su mecanismo de consolidación explicado. Su uso es recurrente aunque los misterios sobre cómo funciona se encuentran usualmente ausentes.

En la actualidad se debate cómo el diseño del Consejo de la Magistratura nacional (Art. 114 CN) actual o futuro puede producir un aumento/reducción de la independencia judicial en general y de los jueces en especial.

La Constitución Nacional no da pautas institucionales para la independencia judicial. Sus silencios y omisiones contribuyen a los malentendidos y al déficit institucional funcional de todo el sistema judicial y de controles institucionales

En este contexto, hay dos preguntas que cabe formularse. Por un lado ¿Es el proceso de selección del consejo de la magistratura un proceso que genere independencia judicial? Por el otro lado, una vez en el ejercicio de la magistratura ¿Qué mecanismos institucionales o para-institucionales mantienen esa independencia frente a las corporaciones económicas, políticos y otros factores de poder? 

2. ¿Cómo se elige una Juez/a en Argentina? 

Pensemos, por un momento, en el proceso de selección de jueces. ¿Puede el sistema de concursos del Consejo de la Magistratura -en cualquier de sus composiciones- generar independencia del poder político, económico, etc?

Proyectemos los pasos claves del proceso. Como sabemos, los candidatos/as a jueces/zas se anotan en un concurso público para cubrir vacantes judiciales. Los pasos son -resumidamente- los siguientes:

A. Antecedentes y examen. Los candidatos presentan sus antecedentes y dan un examen, ambos pasan a comisiones evaluadoras (supuestamente imparciales). Este proceso tiene discrecionalidad en la evaluación de antecedentes y en el manejo de la información sobre el examen y su corrección posterior. Son comunes las impugnaciones administrativas y judiciales. La calificación de los antecedentes y del examen consolidan un primer listado de los candidatos a cubrir el puesto.

B. Posteriormente, se realiza una entrevista con el pleno del Consejo de la Magistratura que puede/suele modificar ese listado jerárquico de la etapa previa -lo más cercano a una etapa meritocrática con un margen de discrecionalidad política en la valoración técnica- con lo que podemos llamar “margen de apreciación” de la mayoría del Consejo. Ese cambio puede ser vital y es estrictamente político. Resultado de las coaliciones contingentes entre los sectores políticos, judiciales, de la corporación de abogados y académicas. De esta entrevista en el pleno del Consejo saldrán los tres candidatos finales.

C. El poder ejecutivo debe elegir de esa terna sin orden ni jerarquía alguna. Los procesos de discrecionalidad en la evaluación, negociación política antes y después de la entrevista pública y un racionalmente esperable lobby en los despachos de los consejeros para presionar en la introducción de la terna, termina en un proceso puramente político.

Con la terna elevada al ejecutivo, los candidatos deben “esperar” la decisión del Ejecutivo para luego conseguir el Acuerdo en el Senado. Este período no es de  pasividad. Suelen haber procesos de intenso lobby con operadores políticos y/o judiciales en los poderes ejecutivos (ya sean ejecutivos nacionales y/o provinciales). ¿Podemos esperar que producto esas reuniones secretas sin ningún tipo de control republicano surja independencia judicial o prosperen promesas y intercambios estratégicos? ¿Podemos esperar que no haya promesas y  negociación de cierto grado de obediencia futura para actores políticos y del sector operativo? 

A partir de la oscura negociación secreta y carencia absoluta de accountability horizontal, vertical y/o social alguno, no puede surgir la esperada independencia institucional.

3. Las esferas de la "Justicia". Una de las frecuentes respuestas al problema de la designación política suele formularse así: “El tiempo es el que aumenta la esfera  independencia de los jueces”. Típicamente un juez podría ser más independiente en el futuro que en los tiempos del gobierno que lo designó.

Sin embargo, los jueces tienen restricciones para ser independientes de sus propios superiores, de la corporación judicial y de posibles amenazas a su estabilidad en el cargo. Las amenazas de un juicio político pueden ser usado estratégicamente para obtener obediencia puntual y/o relación fluida en el tiempo. El gobierno puede cambiar pero ciertos actores institucionales, partidarios y económicos tener continuidad e incluso aumentar su capacidad de presión/influencia/amenaza.

Por otro lado, la independencia institucional se suele reducir a la (imposible) autonomía del poder político. Sin embargo, el poder político es solamente uno de las numerosas corporaciones (judiciales, profesionales, económicas, sindicales, religiosas, etc) con capacidad de influencia y/o condicionamiento. Hay agencias que pueden ser dependientes de los sectores económicos, pueden depender de factores extra-institucionales vinculadas a su área operativa en su espacio de desarrollo y hasta de actores para-legales (narcotráfico, etc).

4. Incertidumbre constitucional y dependencia judicial. La independencia judicial, y quizás la misma independencia institucional, es una laguna legal como un vacío textual que se rellena de política en la Constitución Nacional. La independencia de otros órganos y espacios también entran en crisis con la imposibilidad de consolidar su energía autónomamente. Organismos independientes debilitados y sin su conducción correspondiente como el propio Defensor del Pueblo de la Nación (Art. 86) generan más preguntas que respuestas en torno al proceso político de producción de independencia institucional y/o judicial. 

La independencia judicial no puede ser resultado del azar y de la ausencia de factores de influencia. Es cínico no reconocer la debilidad institucional producida por esa laguna constitucional.

El hiperpresidencialismo y la democracia delegativa fueron consolidados en la última convención constituyente nacional. La expansión de los controles institucionales al poder político y económico fue otro de los grandes fracasos del Pacto de Olivos. La fortaleza del hiper-presidencialismo argentino es inversamente proporcional a los defectos de diseño institucional que se consolidaron en la reforma constitucional de 1994.-

miércoles, 14 de octubre de 2015

La última palabra es del pueblo tucumano - La Gaceta


democracia ma non troppo - Roma 2010
Estuve intentando publicar una nota larga sobre lo sucedido con la Elección de Tucumán. Lamentablemente terminé publicando varios fragmentos diferentes en distintos medios. Ahora que tengo más tiempo voy actualizando el debate. 

El texto más extenso lo escribí hace 20 días especialmente para la Gaceta de Tucumán que aceptó publicarlo pero lo editó de la siguiente forma acá. 

La versión extendida está por salir por otro medio. Muchas gracias a LGT y salud!

La última palabra es del pueblo tucumano

Lucas Arrimada - Profesor de "Derecho Constitucional" (UBA/UP)

1. Profundizar la democracia con más democracia. A un proceso eleccionario polarizado con muchas denuncias y serias irregularidades, después de la represión por parte de la policía del gobernador Alperovich ante un ejercicio legítimo del derecho de protesta, la detención ilegal de varios de los participantes de esa manifestación pacífica, la selectividad política contra militantes del Partido Obrero durante una semana sin pruebas en su contra, la violencia policial y la arbitrariedad en su restricciones de la libertad, la manipulación mediática a nivel nacional y al juego autodestructivo en el que tanto oficialismo y oposición suelen sumergirse; a todo esto, debimos sumarle una muy irresponsable decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán anulando la elección y convocando a una nueva sin dar razones ni pruebas de irregularidades generales ni fraude sistemático. La Corte Suprema Tucumana debería haber cambiado esa costumbre de dictar sentencias en el opaco “lenguaje judicial”. Debería haber llamado a una conferencia de prensa y en un lenguaje accesible para todos explicar detalladamente porqué la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo fue arbitraria. Las razones y la publicidad también dan legitimidad. Al gran pueblo tucumano, razones. Algunos llaman a respetar la “justicia independiente” (sic) cuando les conviene o llaman a los jueces “corruptos” cuando deciden en contra de sus intereses no importa si la sentencias son un mamarracho judicial. Rara vez los jueces son independientes, muchas veces los jueces tienen dependencias políticas directas o indirectas. Un poder judicial endogámico, repleto de castas familiares y fidelidades políticas no da legitimidad a sus decisiones.Resolver conflictos políticos a través de un dudoso poder judicial es potenciar el conflicto y politizar al poder judicial. A una situación conflictiva le sucedió otra. A una elección con graves irregularidades, le sucedió un fallo explosivo. La historia nos da contraejemplos de muchos políticos e intelectuales que legitimaron el autoritarismo y renunciaron a sus principios republicanos y liberales en nombre de la república y libertad. La polarización irracional de la sociedad ha llevado a que algunos muy lamentablemente festejen una sentencia arbitraria en la que se anula una elección repitiendo dolorosos errores del pasado autoritario. Abrazar decisiones sin fundamentos y a oscuros jueces no es una salida democrática a las graves falencias de una joven democracia.

2. Los jueces no son guardianes de la democracia. Los jueces no pueden anular elecciones sin pruebas ni fundamentos. Además en el caso tucumano hay varios defectos institucionales que todos conocían de antemano. Reformarlo debería ser un objetivo institucional de todas las fuerzas. Desde el sistema electoral hasta el clientelismo político que todos los partidos practican en Argentina. Además, la vinculación entre pobreza y clientelismo suele olvidar el clientelismo que tienen todas las fuerzas con sus oligarquías y empresarios amigos que vuelen en formas de contribución de campaña. Los jueces de la servilleta que les aseguran sistemática impunidad a la mayoría de los políticos y empresarios corruptos no son guardianes de la democracia. Algunos idealizan a los jueces por la misma razón que idealizan a las personas: No los conocen. El poder judicial es muy opaco, corrompible (el caso federal siempre fue un ejemplo claro) y poco transparente detrás del hermoso ideal de “Justicia”. La Corte Suprema no es guardiana de la Constitución Nacional ni de la democracia al manejar el presupuesto de todo el poder judicial contradiciendo claramente el artículo 114 de la Constitución. Los jueces no son guardianes de nuestra libertad e igualdad de culto cuando no protegen el principio del Estado Laico. Los jueces serían guardianes de la democracia si la democracia fuese una cárcel. Y la democracia es una práctica social que costó esfuerzo de generaciones de argentinos, no es un expediente judicial. La república democrática está más cerca de los partidos políticos con fuertes tradiciones y disciplina, incluso con sus vicios, que de oscuros jueces que la sociedad no puede ni controlar y tantas veces, ni siquiera entender. Los jueces no son los guardianes centrales de la democracia. Los jueces que se ponen por encima de la voluntad popular contribuyen a empeorar la imagen de un “poder judicial” siempre en cuestión y a dificultar la tarea que algunos jueces realizan para mejorar la calidad institucional dentro de la esfera judicial. Nadie puede negar las graves irregularidades en la elección tucumana. Nadie puede negar que el fallo de la Cámara Contenciosa carecía de pruebas y fundamentos sobre el fraude sistemático. Todos tenemos que comprender que los problemas de la democracia necesitan más democracia y política, menos violencia y más generar mínimos acuerdos de cultura política; en definitiva: más democracia, menos sentencias arbitrarias. Para nuevas bases y puntos de partida de una organización democrática, con un mejor sistema político y electoral, con límites a la concentración de poder económico y político, para reducir los autoritarismos de todo tipo, se requiere profundizar la democracia y establecerla como forma de vida, como práctica social y cultural. Eso solamente se puede pensar, en Tucumán y en toda la Argentina, lejos de las judicaturas, en diálogo con toda la sociedad y siempre cerca del pueblo. -

domingo, 11 de octubre de 2015

La Constitución establece que la educación pública debe ser laica - Perfil

Publicamos en Perfil (acá) esta nota sobre la educación pública laica en el debate presidencial y en la misma campaña electoral. Salud!

--

La Constitución establece que la educación pública debe ser laica

En el debate presidencial, todos los candidatos destacaron la importancia de la educación pública. La carta magna ordena que además debe ser laico.


la educación constitucional del soberano - Buenos Aires 2012
1. La Constitución establece un Estado laico y la igualdad entre los cultos. El pasado domingo, en el debate de los candidatos presidenciales, se comentaron algunos desafíos de la educación pública a nivel nacional.

En ese contexto, cabe recordar una de las características constitucionales de la educación pública de nuestro país: La Constitución Nacional establece que la educación pública debe ser siempre laica.

De esta forma, recordamos algo por todas/os ya conocido: Se prohibe, desde la propia Constitución Nacional, toda educación religiosa en las escuelas públicas argentinas.
La Constitución Nacional no establece un culto oficial. Establece la igualdad entre todos los cultos y creencias (Art. 14 y 16 CN, entre otros). La reforma constitucional de 1994 eliminó el requisito de ser "católico" para ser Presidente y se derogó la obligación de "evangelizar" a los pueblos originarios (Ex Art. 67 inc 15) dos de las cláusulas abiertamente discriminatorias en términos religiosos y que afectaban la autonomía de creencias.
Así la constitución se actualizó y se quitó esos resabios de discriminación religiosa propios del del siglo XIX y de nuestro pasado colonial.
En 1994 se incorporaron 11 Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y muchos más documentos internacionales con jerarquía superior a las leyes nacionales y provinciales. Estos tratados y la Constitución (Arts. 14, 16, 20, 75 inc 18, 19 y 22 y ss) obligan a tratar a todas las personas con igualdad, no importa su culto ni creencia, sin hacer diferencias injustificadas entre agnósticos, ateos, laicos, creyentes, musulmanes, judíos, católicos, evangélicos, etc.
El histórico Art. 2 de la CN establece únicamente una obligación de aportar económicamente a sostener a las autoridades de la Iglesia Católica. No establece ni una jerarquía superior o diferencia más allá de dicho aporte dinerario.
Por todo ello, el Estado, especialmente en el ámbito de la educación pública, no puede introducir ningún tipo de expresión o educación religiosa.
2. Todo trato diferencial entre los diferentes cultos incurre en una discriminación religiosa.
Hace unas semanas la Suprema Corte de Mendoza en un caso contra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH - San Rafael) convalidó la organización de festividades y actividades religiosas, que celebra al Santo Patrono Santiago y a la Vírgen del Carmen de Cuyo, en el sistema de escuelas públicas mendocinas.
La violación de la igualdad de culto en la educación pública es sin duda ilegal y una cuestión de derechos humanos. Especialmente porque afecta a los derechos de los niños/as y su desarrollo en libertad, igualdad y autonomía. La educación pública estructura los hábitos sociales y los horizontes de la sociedad, abre mundos y su deber es educar para el desarrollo personal en los valores democráticos.
Tanto la Constitución como los Tratados de Derecho Humanos obligan a respetar el Estado Laico y la igualdad entre los cultos. Respetar la autonomía para poder decir si creer o no creer, en qué creer, es una de las bases de la misma libertad y del Estado democrático.
La Argentina tiene una tradición de respeto de la libertad de culto que siempre se complementó con una educación igualitaria y laica. Volver a cometer errores del pasado sería arruinar una tradición de la actual etapa democrática de diálogo interreligioso e igualdad, de paz y respeto entre hermanas/os de diferentes cultos que debería enorgullecernos a todos y todas.
(*) Profesor de "Derecho Constitucional" y "Estudios Críticos del Derecho" (UBA/UP).