20 años sin verdad ni justicia: Impunidad y complicidad judicial

la construcción de la justicia con el ejemplo de la acción - Liguria 2014

El viernes pasado se cumplieron 20 años del atentado de la AMIA y escribimos -ese mismo día- sobre las dos grandes deudas judiciales en las investigaciones de los dos más graves atentados terroristas de la Argentina. Estamos hablando de la investigación del atentado de la Embajada de Israel, sucedido en 1992, y la obstrucción de justicia realizada en la investigación del caso AMIA en lo que se suele   llamar -cínicamente suponemos- "Justicia Federal". 

Una de las ideas que nos quedó en el tintero es comentar los límites de las investigaciones de delitos complejos -como un atentado internacional- por parte de la Corte Suprema en ejercicio de su competencia originaria. Sin duda es hora de repensar los límites de este tipo de investigación judicial excepcional a partir de los pobres resultados de la experiencia comparada, de la cual la investigación de la Embajada de Israel es un doloroso y cercano ejemplo.

La publicamos en Infobae acá -el viernes pasado- y la transcribimos a continuación.  

Sigamos y salud!

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20 años sin verdad ni justicia 

Dos décadas han pasado desde el atentado terrorista de la AMIA y, cabe recordar especialmente en estas fechas, 22 años desde el atentado en la Embajada de Israel. Dos décadas de inercias políticas y complicidades judiciales. Dos atentados terroristas en plena democracia sin respuesta institucionales ni resultados considerables producto de sospechadas e improductivas investigaciones judiciales. Los dos más graves atentados internacionales que sufrió nuestra comunidad política en toda su historia todavía permanecen sin sus responsables identificados y juzgados.

Nada más razonable que acompañar de forma solidaria el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas, la AMIA, la DAIA, las distintas agrupaciones que impulsan la memoria colectiva y la lucha cultural contra la impunidad, dentro y fuera de la diversa comunidad judeoargentina. Una irresponsabilidad institucional y política cruza a todos los gobiernos. Un reclamo político que es también una deuda judicial. Impunidad producto de la ausencia de respuestas políticas e investigaciones placebos.

Ambas instancias judiciales, tanto a nivel de la Corte Suprema -en el expediente del atentado de la Embajada- como de la Justicia Federal -en el caso del atentado de la AMIA-, han tenido problemas estructurales para avanzar en procesos que se demostraron inconducentes o directamente armados -especialmente en el caso AMIA- con el objetivo de entorpecer, confundir y/o bloquear las etapas claves del proceso de instrucción judicial en casos de complejidades desbordantes. 

Tenemos, por un lado, la investigación de la explosión de la Embajada, sucedida en Mayo de 1992, que por expreso mandato constitucional (Art. 116 y 117 Constitución Nacional) debió ser desarrollada por la Corte Suprema con el expediente número 143/1992. Según todo parece confirmar, la investigación quedó inconclusa en un limbo procesal, tuvo cuatro diferentes jueces intervinientes, con impulsos discontinuos y parálisis recurrentes, un pedido de prescripción rechazado, más de 250 cuerpos, pedidos de detenciones infructuosas y sin ningún informe concluyentes para aclarar o determinar con fundamentos o pruebas lo sucedido.   

Por otro lado, en especial referencia al caso AMIA, sobresale el encubrimiento estatal del atentado con refuerzo del posterior encubrimiento judicial producto de la actuación del ex Juez Federal Galeano para conducir el proceso a puntos ciegos y pistas falsas. En 2003 Galeano fue retirado del caso AMIA y posteriormente removido de su cargo por el Consejo de la Magistratura (en 2005) justamente a razón de las irregularidades en su investigación. Sin encubrimiento judicial no podía existir el encubrimiento estatal. Los funcionarios judiciales fueron los principales obstáculos de la búsqueda de verdad y justicia. 

El círculo de la deuda judicial, sin embargo, no se cierra en el mismo Poder Judicial. Toda complicidad o estructural ineficiencia judicial se disuelve en su propia responsabilidad política. Hay factores políticos que parecen explicar la existencia y estabilidad de un poder judicial federal con este grado de complicidad con la impunidad, de ineficiencia estructural y de corrupción que encubre el horror con las formas solemnes de la trampa legal, las transforma en expedientes apócrifos o en prescripciones que se archivan en el olvido.

La memoria y la paz frente a los horrores del atentado de la AMIA necesitan de una mejor política democrática para construir otro Poder Judicial, uno alejado de la complicidad estructural con la mentira y la impunidad, uno que lo acerque -incluso en su imperfecta forma humana- a la verdad y la justicia.-