Ecos sobre linchamientos, derecho e inseguridad: El linchamiento de la política y el derecho / Berti y Auyero

en el ojo de la tormenta social - Buenos Aires 2013

Nos hicieron con mucha prisa una pequeña entrevista/nota para una revista de gran tirada. No salió publicada por cuestiones editoriales, azarosas y coyunturales. Cosas que pasan. Al menos prometieron publicarla el mes que viene y retribuirla de todas formas, cosa que es, en sí mismo, un milagro bienvenido en mi caso. Sale por acá con título y un poco de redacción para darle sentido a la nota que originalmente era una entrevista. PD: Y de paso recomendamos la excelente nota de María Fernanda Berti y Javier Auyero publicada en Clarín sobre la violencia social privada como otra cara de la violencia pública, acá.

Salud!

El linchamiento de la política y el derecho

Muchos análisis se concentraron en la ausencia del Estado ante la aparición de los linchamientos y sus efectos, debates, mediáticos. En contraste, me gustaría explorar otra idea y ver cómo el Estado, la clase política y la sociedad alimentan esa violencia social.

A contramano de la mayoría de las reacciones que se pudieron observar, lo que uno puede pensar, es que en lugar de más justicia social, con políticas inclusivas, educativas y culturales, el discurso político y el Estado fomentan irresponsablemente más justicia penal, más violencia institucional como respuesta a profundos y complejos problemas sociales. Difícilmente más policías, más cárceles y penas más duras solucionen las desigualdades y los pozos de violencia social que se han formado bajo la indiferencia del sistema político. La autonomía de la policía, la militarización de los barrios y la crisis policial federal de diciembre pasado (con la puja por el salario policial vis a vis la actual puja docente) es sintomática de una presencia del Estado que refuerza los conflictos sociales y le suma una violenta complejidad. Sin duda esta situación tiene componentes que pueden ser explosivos de no ser reducidos, de seguir la situación de inercia política.

Además, el derecho y el poder judicial en el proceso penal posee un conjunto de "linchamientos" disfrazados de autoridad y con justificaciones legales. "Linchamiento policial" por portación de cara, merodeo, etc con Códigos de Faltas inconstitucionales, sin garantías o prácticas de persecución selectiva, clasista, de género y específicos grupos raciales y sexuales, etc. personas que llegan a un juicio abreviado que resulta ser el "linchamiento judicial" frente a una prisión preventiva que siempre es excesiva y terminan negociando con el sistema el "linchamiento penitenciario" que implica tortura, violación sistemática de derechos humanos y el infierno mismo bajo la órbita del Estado en la cárcel. 

Todo ello resulta más violento cuando lo contrastamos con las prescripciones, dilaciones y las impunidades federales de procesos de corrupción como, por mencionar un caso resonante, los del ex-Presidente De la Rúa. Eso contrastes del "Estado de naturaleza" -ya naturalizados, si se me permite el juego de palabras- dentro del derecho también son alarmantes e igual de salvajes, igual de injustos. 

Para ponerlo blanco sobre negro: El poder judicial no es la Justicia, más policía no es más seguridad y la justicia por mano propia es venganza asesina. Ahora, más allá de estas aclaraciones, los operadores del derecho en todo nivel de la estructura del Estado y, especialmente, del Poder Judicial, junto con la clase política tienen una responsabilidad especial en dar respuestas razonables, políticas públicas acorde a los derecho humanos en juego y reducir la violencia simbólica y mediática, para enfrentar un escenario complejo  de desafíos sociales que la sociedad está manifestando.

Lucas Arrimada es Profesor/Investigador en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho, UBA."-