Referéndum, Corte y Ley de Glaciares

camina la pacha - Lima 2012

Muy interesante nota de Maristella Svampa y Enrique Viale, en Clarín de hoy, acá.  En efecto, coincidimos en que el Fallo de la Corte Suprema es sin duda muy importante para poner en agenda -o enfatizar,  dimensionar, centrar, potenciar- el debate sobre minería a cielo abierto aunque quizás tiene menos "contundencia" -en términos de última palabra sobre el tema- de lo que la nota parece asignarle. Al menos deberíamos tener presente que se dictaron fallos -de diversas instancias- similares sobre prácticas de desmontes en Chaco/Misiones -si no mal recuerdo- y son sistemáticamente incumplidos. La debilidad judicial para proteger derechos habitual.

La transcribimos y le ponemos un comentario al final.

- La Corte dio una gran señal sobre glaciares 

El reciente fallo de la Corte Suprema, que revoca aquellas medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan que suspendían los artículos medulares de la Ley de Glaciares, abre un nuevo capítulo en el interminable derrotero de esta norma , iniciado con el veto presidencial a fines de 2008. En un contexto político de gran desaliento para las luchas socioambientales , en el cual la ofensiva minera cuenta con el aval de gobernadores y Poder Ejecutivo Nacional, la resolución de la Corte Suprema es también una señal -la única buena señal institucional , junto con el reciente referendum de Loncopué, en estos últimos meses- para aquellos que hoy resisten en sus territorios el ingreso de la megaminería.

Ante tal resolución, la compañía Barrick Gold se apresuró en sacar un comunicado en el cual afirma que sus actividades no afectan los glaciares. Curioso modo de autoincriminarse, pues si los emprendimientos de Pascua Lama y Veladero no afectan a los glaciares, ¿por qué entonces cuestionar judicialmente la validez de la norma? Por otro lado, no es lo que señalan los propios Informes de Impacto Ambiental de la Barrick , donde se afirma que estos dos emprendimientos se desarrollan sobre glaciares y ambiente periglaciar . Y esto es algo difícil de negar, ya que los informes son anteriores a la presentación del proyecto de Ley de Glaciares, por parte de Marta Maffei.

Por ello la empecinada oposición de la Barrick Gold a esta Ley, pues es claramente comprobable que ésta está violando el artículo 6°, que prohíbe la actividad minera sobre glaciares y ambiente periglacial. Vale agregar que estos elementos, con una consustanciada prueba, están en poder de nuestro máximo Tribunal, el cual tiene en sus despachos dos causas judiciales -apoyadas por varias organizaciones ambientalistas- donde se solicita el cese inmediato de las actividades de Veladero y Pascua-Lama por la flagrante violación a la Ley de Glaciares.

Asimismo, hay que recordar que las medidas cautelares que acaba de revocar la Corte sólo suspendían la aplicación de la ley en la provincia de San Juan , por lo que en el resto del país tanto las auditorías ambientales como el inventario en las “zonas prioritarias” ya deberían estar concluidos, según lo establece su artículo 15. Sin embargo, estamos lejos de ello, pues no hay voluntad política del Gobierno Nacional para obrar como autoridad de aplicación.

Por eso, este contundente fallo de la Corte es importante , ya que no sólo es un mensaje a San Juan, sino también al Poder Ejecutivo Nacional, para que realice inmediatamente las auditorías y el inventario de glaciares, tal como corresponde.

Los nuevos escollos a la norma parecieran venir otra vez de San Juan, donde se pretende que el inventario de glaciares sea realizado por la provincia, al tiempo que se buscan limitar los alcances de las definiciones legales de los cuerpos y áreas a proteger, reduciendo la zona alcanzada por las prohibiciones de la norma, a fin de no incomodar los intereses mineros.

Todo esto trae al tapete el hecho de que en nuestro país los escollos son de alto nivel. 

Recordemos que, en febrero de este año, la Presidenta anunció la apertura de un debate sobre la megaminería, aunque en realidad deberíamos hablar de un debate anunciado que nunca tuvo lugar, ya que inmediatamente después se creó OFEMI (Organismo Federal de Estados Mineros), a espaldas de la sociedad, con el fin de bloquear cualquier discusión real sobre el tema. 

De esta manera, la Presidenta dio luz verde a la megaminería y lo hizo como suele hacerlo, sin admitir discusiones , incluso burlándose de aquellos que la cuestionan, visitando luego el emprendimiento de Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, una provincia en quiebra … Hay que recordar, además, que la Presidenta siempre mostró más interés en reunirse con Peter Munk, el CEO de la Barrick, que en dialogar con los pobladores de Famatina, Tinogasta, Loncopué o Andagalá, por mencionar sólo algunos casos. 

¿Será entonces que las cartas están definitivamente jugadas? Lo que queda claro es que, si hablamos de leyes, en minería, el mensaje del Gobierno a las poblaciones tiene menos que ver con la innovadora Ley de Glaciares, que con la nueva ley antiterrorista, la cual pende como una amenaza sobre todos aquellos que salen a cuestionar el modelo de megaminería , que hoy se impone verticalmente sobre las poblaciones. 

 *Socióloga, investigadora del Conicet.  **Abogado ambientalista. 

Ambos son miembros de Plataforma 2012.

Unos matices para expandir, más que contradecir, los argumentos:

1) Como dijimos el fallo es más que relevante y oportuno, lo celebramos, ahora sus efectos simbólicos y mediáticos no pueden reemplazar ni reducir la necesidad y fortaleza de dos cosas 1.a La fuerza y movilización de los movimientos de protección del medioambiente en las comunidades afectadas 1.b la necesidad de construir con política, con más movilización y presión -y ahí sí, estrategias judiciales y mediáticas complementarias, pensadas al efecto- una "autoridad de aplicación" para la Ley apelando a la conciencia social y hacer agenda desde la sociedad para las instituciones.

2) El fallo de la Corte con todo lo bueno, también tiene límites más allá de sus efectos simbólicos y mediáticos. Si esperamos que los Fallos de la Corte modifiquen las prácticas la batalla está ya perdida. Es más, diría que lo central para cambiar prácticas está lejos de la Corte y más cerca de la política democrática, sea lo que esta fuere.

Si se expandieran los referéndums -que pueden tener sus problemas, acá- como los de Loncopué sus efectos políticos serían de tanta magnitud como sus efectos simbólicos y mediáticos. Y esa es la paradoja de resaltar el fallo por sobre cualquier decisión comunitaria. Seguro que el fallo de la Corte Suprema tuvo más "cobertura" e "impacto" que el referéndum a pesar de éste haber sido más destacado por sus virtudes democráticas y de autogobierno colectivo de la comunidades locales, no? Una multiplicación de esta práctica puede tener un efecto más importante a nivel político en sentido estricto, no sólo institucional.

3) Obviamente queda abierta la puerta del miedo: Temer a referéndums positivos, a favor de la minería. Eso no sería -necesariamente- un problema para nosotros que postulamos espacios deliberativos, de autogobierno y de decisión colectiva. Esos riesgos -y aprendizajes- son parte del juego democrático. La opción es quedarse con la política elitista y desde arriba de hoy en día.

Eso por ahora. Salú!