Más vetos, menos democracia

Nos hicieron algunas preguntas más sobre el veto como facultad constitucional en la Constitución y Política de la Ciudad de Buenos Aires y su gobierno. Compartimos la entrevista con María Esperanza Casullo (MEC). Las nota introductoria acá -con los argumentos del oficialismo porteño- y acá las preguntas y nuestras respuestas.

IN: Desde el oficialismo porteño, sostienen que se trata de un recurso constitucional que no se viene practicando de manera abusiva. Como profesor e investigador del Derecho, ¿cuál es tu interpretación sobre el uso que hace MM de esta atribución? 

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María Esperanza Casullo: Efectivamente, el veto es un recurso constitucional y, no diría legítimo, pero si diría legal. En este sentido, queda claro que el gobierno de Macri no está infringiendo la ley y que, por lo tanto, el problema no es institucional sino político. Por otra parte, no cabe duda de que en el espíritu de la ley -algo difícil de medir, lo sé- la institución del veto está diseñada para ser usada lo más excepcionalmente posible, y no como un recurso de la gobernabilidad cotidiana. Vale decir, se supone que las leyes que se votan en una legislatura como la porteña emergen de la misma con un mínimo consenso, o al menos legitimidad. Más aún si se tiene en cuenta que en la Legislatura el PRO tiene el bloque mayoritario, con lo que se da el hecho extremadamente bizarro de que el Ejecutivo veta leyes que han sido votadas por su propia bancada. No es habitual que un Ejecutivo vete una ley que ha sido votada por unanimidad en el Poder Ejecutivo, y Macri lo ha hecho.

Lucas Arrimada: Es cierto, es una atribución constitucional. Aunque cabe aclarar que es tan constitucional como antidemocrática. Además, es una facultad constitucional de uso excepcional, no ordinario. Lo mismo sucede con los Decretos. El Poder Ejecutivo no tiene la misma legitimidad democrática que el órgano más plural, diverso y deliberativo que es la Legislatura. La Legislatura tiene el 100 por ciento de Legitimidad democrática, con todos sus representantes de la legitimidad oficialista y opositora. Además de tener más voces, diversas, géneros, trayectorias y de ser -o de pretender ser- un espacio de discusión pública y abierta. 

IN: Otro argumento esgrimido desde el PRO es que la Legislatura tiene la capacidad de insistir en el recinto para frenar el veto. Con dos tercios de los votos del cuerpo, puede revertir lo resuelto por el Poder Ejecutivo. ¿Es esta capacidad fuerte? 

MEC: Si bien el veto es una herramienta del poder ejecutivo, la Constitución es clara en que la última palabra es de la Legislatura, quien tiene la capacidad de anular el veto con los dos tercios de los votos. Y aquí nos encontramos con un problema, que es la incapacidad de las fuerzas opositoras al macrismo de coordinar una estrategia que les permita limitar los vetos. La oposición se encuentra fragmentada en un conjunto de mini o unibloques, sin un liderazgo político claro, y así no existe una posición real de rearmarse y volver a presentar los proyectos frente a la embestida del Ejecutivo. Así, es Macri quien tiene la última palabra, y no los representantes electos para legislar.

LA: La estructura ejecutiva tiene todo tipo de poderes para neutralizar a las legislaturas, tanto a nivel provincial como nacional. El veto es un recurso expedito y claro, cuyo efecto es directo y simple, muchas veces injustificado o con fundamentos -al menos- dudosos. Hay dos estrategias, la judicial y la legislativa. La vía judicial presenta una debilidad sistémica y la vía legislativa es altamente costosa. No hay que olvidar que en los partidos -más allá de las excepciones- son estructuras donde suele haber disciplina grupal y el Ejecutivo es el que estructura las fuerzas oficialistas en las legislaturas. Eso sucede en especial con el PRO dado que es un Partido estructurado en torno a su Jefe que es Jefe de Gobierno.  Las Legislaturas, por ende, salvo que sean opositoras, raramente insisten con un veto. El caso a nivel nacional de la Ley de Glaciares fue muy positivo pero no dejó de ser una excepción. La efectividad del veto ejecutivo es directamente proporcional a las dificultades que tienen el Legislativo de "insistir" en su proyecto, en especial, con las mayorías del PRO y aliados coyunturales.