La relación Corte Suprema y Ejecutivo 2003-2013 (?)

Hoy leía algunas conjeturas sobre la posible intervención de la Corte Suprema en los conflictos políticos y legales en torno a la megaminería. Eso me llevó a pensar en la actual pacífica y silenciosa relación entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo. Algo sobre eso -un poco diagnosticando el silencio- el año pasado publiqué en El Estadista, acá, un balance de la relación Corte-Ejecutivo desde el turbulento 2003 hasta el 2011. La transcribo mientras pensamos cómo serán los próximos cuatro años de esa relación. Y justamente para poder entender, qué mejor que empezar por lo que pasó en estos primeros 8 años. Aclaramos: La nota la escribí bastante antes del episodio departamentos de ERZ.

La fortaleza parlamentaria y ejecutiva del Gobierno y la combativa docilidad de la Corte, podrían hablar de un futuro pacífico y de alta calidad institucional, pero nunca se sabe. Salut!

Juego de espejos: Corte y Ejecutivo (2003-2011).

Hace ocho años empezaba uno de los procesos más interesantes a la hora de pensar las vías para mejorar la interacción institucional. Un repaso de las etapas de la relación.

Una fiesta inolvidable - 2012

Luego de un enfrentamiento abierto y virulento entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo, iniciado con un juicio político a toda la Corte en los primeros días de 2002 y con fuerte tensión institucional a lo largo de todo el Gobierno provisional, el flamante Gobierno de Kirchner anunció su decisión de encarar la renovación de la composición de una desprestigiada Corte.

El último episodio de esa guerra explícita, que implicó varias sentencias de alto impacto en el área económica y presupuestaria, fue una decisión (“San Luis”) que declaraba inconstitucional la pesificación, medida central del Gobierno en emergencia, en plena campaña electoral del incierto 2003. Los contrastes resultan notables con la actualidad.

Luego de ciertas tensiones, ambos discursos presidenciales a comienzos de 2011 –de la presidenta Fernández de Kirchner ante la Asamblea Legislativa y del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en la apertura del año judicial– dieron claras señales de conciliación recíproca. En estos ocho años podemos identificar –al menos ocho– procesos paralelos y prácticas convergentes en ambas esferas institucionales, más allá de que hayan alternado en calidad de adversarios y aliados en momentos y situaciones distintas:

1. Ambos se benefician de la comparación con sus antecesores. La “mayoría automática” y la crisis (política y económica) de 2001 son figuras de comparación habitual en todo análisis. A pesar de que ese pasado esté cada vez más lejano, suele ser usado para ponderarlos positivamente y señalar los contrastes.

2. Aquellos que elogian a la Corte, aceptándolo o no, elogian al Gobierno que la formó, incluso cuando la Corte falle (como debe) contra el Gobierno. Los méritos son compartidos y entrecruzados. El Gobierno que comenzó en 2003 tuvo la iniciativa de realizar reformas para designar a los nuevos jueces y juezas de la Corte Suprema con mayor transparencia, a través de un proceso que podría extenderse a otros funcionarios (por ejemplo, al todavía vacante defensor del Pueblo) y –al mismo tiempo– debería mejorarse y apostar por su consolidación a través de una ley nacional.

3. La etapa inicial de la relación Corte-Gobierno fue de mutua necesidad. La Corte convalidó las políticas centrales del Gobierno: la política de derechos humanos y la política de estabilización económica. El Gobierno colaboró en el proceso de renovación y reforma institucional de la propia Corte –no sin matices– que fue acompañado por una reforma desde dentro. Todo ello implicó no sólo una nueva imagen para la Corte sino también mayor legitimidad para un inicialmente débil Gobierno de Kirchner. La creación de un par institucional –la nueva Corte– fortalecía al mismo Ejecutivo.

4. Quizás la última etapa de esa primavera en la relación Ejecutivo–Corte fue el dictado de dos leyes impulsadas por el Gobierno en 2006: la ley de reforma del Consejo de la Magistratura y la ley que reguló la Comisión Bicameral Permanente. Las dos leyes tienen problemas constitucionales y son muy importantes sus consecuencias. En la práctica, la primera implicó que la Corte concentrara (o retuviese) más poder del que constitucionalmente le corresponde administrar, debilitando –aún más– al Consejo de la Magistratura. Adicionalmente, ese poder se concentró en la Presidencia de la Corte Suprema como los episodios resonantes del Centro de Información Judicial (CIJ) parecen demostrar. El CIJ y la administración del presupuesto del Poder Judicial deberían estar bajo la órbita del ámbito institucional más plural y democrático –incluso con sus defectos actuales– que tiene el Poder Judicial conforme a la propia Constitución Nacional (Art. 114): el Consejo de la Magistratura.

5. Más allá de algunas señales difusas (“Consumidores Libres”) para limitar al Poder Ejecutivo en la facultad de dictar decretos, la Corte no entró en el análisis de la constitucionalidad de la ley (26.122) que reglamentó el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia. Ese silencio pareció ser la última etapa de la alianza inicial que entraría en un impasse con resonantes fallos y episodios de enfrentamiento político explícito.

6. Los dos jugaron en un tablero complejo de alianzas superpuestas donde por momentos fueron aliados y por momentos se enfrentaron. El Gobierno –como la oposición– a todo nivel depende de sus contradictorias y tensas alianzas. La Corte y su legitimidad también, pero menos visibles e identificables. Así, forjó alianzas y frentes, inicialmente, con gran parte de la academia legal, las comunidades de operadores del derecho y algunas ONG. Luego las reforzará y ampliará con una nueva estrategia comunicacional y con decisiones que serán valoradas por la oposición, distanciándola –circunstancialmente– del Gobierno (“Caso Sosa”, del procurador de Santa Cruz, o “Badaro I–II”, sobre movilidad de las jubilaciones).

7. Tanto la Corte como el Ejecutivo supieron –en paralelo– reconstruir sus imágenes después de una crisis de confianza que parecía terminal. Ese aprendizaje de años les permitió sobrellevar mejor sus propios errores, incluso en los casos más delicados. Para la Corte eso significó manejar las tormentas por los episodios de alto impacto (como el caso “García Méndez” o las cautelares contra la “Ley de Medios”) y para el Gobierno significó remontar la derrota electoral de 2009, incluso cuando se lo pensaba mortalmente herido.

8. Es un punto poco original hablar del personalismo en el presidencialismo. Los personalismos, sus liderazgos y carismas –o sus ausencias– son marcas distintivas en las figuras ejecutivas. Es novedoso, tras ocho años, identificar que la Corte –en su presidencia y en algunos de sus miembros– cuenta con figuras fuertes y con presencia mediática. La Corte nunca fue popular. O quizás lo fue por malas razones.

A pesar de ello, y por caminos diversos, entre Zaffaroni y Lorenzetti lograron que ese perfil bajo, distante y alejado del debate público cambie y no siempre por malas razones. Con una nueva estrategia mediática, la Presidencia de la Corte –y en alguna medida el resto del Tribunal– ha pasado a ser un actor muy diferente a sus predecesoras y parece tener una presencia mayor en la opinión pública. Es claro que no sólo contrastando el pasado, con convergencias y divergencias, y más allá de los errores, defectos e inercias, la interacción Ejecutivo–Corte ha mejorado.

Luego de periodos de enfrentamientos, la Presidenta designó a Lorenzetti y a Elena Highton como parte de la comisión asesora de reforma del Código Civil. Y Lorenzetti –en sintonía con Zaffaroni– recuerda que el Poder Judicial debe ser “activo pero no gobernar”.

Señales de paz en actores institucionales cuyas fortalezas y debilidades, en lugar de contrastar, se reflejan como en un juego de espejos.